La venta de armas de fuego y el otorgamiento de permisos para el porte están bajo la mira de las autoridades en Medellín, luego de que la Fiscalía abriera expedientes para investigar la presunta existencia de una red de militares corruptos, coordinados para favorecer a integrantes del crimen organizado.

Por el momento, la indagación arroja sospechas contra cuatro altos mandos activos y dos oficiales y un soldado profesional retirados. Aunque las pesquisas judiciales apenas están en la etapa inicial y ni siquiera han generado órdenes de captura, la revelación de algunos hallazgos preliminares en los medios de comunicación ya le costó el cargo al general Jorge Horacio Romero Pinzón, jefe del Comando de Apoyo de Acción Integral del Ejército y excomandante de la Cuarta Brigada para la época de los hechos bajo estudio (2016-2017).

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